Si la Suprema Corte de Justicia no revierte la reforma al Poder Judicial, las autoridades electorales federales destinarán 13 mil millones de pesos para llevar a cabo el proceso de elección a nivel federal, mientras que para Coahuila el monto sería menor a los 595 millones, tomando en cuenta que no se otorgarán prerrogativas a partidos políticos.

Lo anterior fue señalado por el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes Lozano, quien expuso que, en esta ocasión, no se otorgarán recursos para partidos y tampoco para la promoción de candidatos, aunque la reforma les permitirá erogar hasta 1.4 millones de pesos, pero de recursos personales.

“Los partidos no tendrán acceso a prerrogativas, mientras que los aspirantes a jueces y magistrados, tienen un periodo de campaña sin financiamiento público o privado, sólo pueden tener gastos personales que tienen que ver con traslados, alimentos y combustible, con un tope similar al de un candidato independiente a diputado federal, que sería de 1.4 millones de pesos el límite máximo”, expuso.

Señaló que este recurso también se puede gastar en publicidad impresa, pero no se puede pagar un servicio de redes sociales ajenas a la persona, es decir, no se puede contratar directamente a las empresas como Facebook, Google y otras.

Por el momento, no se sabe el número de personas que concursarán para un cargo de juez o magistrado en Coahuila, toda vez que el Poder Legislativo local determinará si se renuevan los 128 cargos en 2025 o en 2027, aunque puede ser que se advierta una renovación de 50% en cada periodo.

“Una vez que sepamos el universo de los cargos que se renovarán, es la manera en la que podemos calcular el costo de las elecciones, pues se tienen que prever la instalación de casillas, la impresión de boletas, la logística y otros pormenores que impactan directamente la elección”, apuntó.

Finalmente, el consejo presidente del IEC, argumentó que los aspirantes a jueces y magistrados, también podrían sujetarse a revisiones, auditorías y atender la Ley 8 de 8, que garantiza que no estén vinculados a actos delictivos, adeudos fiscales, deudores de pensión, y no tengan antecedentes de violencia intrafamiliar.

Publicado por Mauricio